miércoles, junio 30, 2010

Convocatoria de oposiciones en la Administración General del Estado

En el Boletín Oficial del Estado de 30 de junio de 2010 aparece una convocatoria de procesos selectivos para cuerpos auxiliares, administrativos y de gestión.

El primer ejercicio comenzará preferentemente antes del 30 de septiembre de 2010. El plazo de presentación es de veinte días naturales (¡ojo! Naturales, no hábiles). El impreso de puede descargar en la página www.060.es. También puede presentarse telemáticamente.

Más información en:

http://boe.es/boe/dias/2010/06/30/pdfs/BOE-A-2010-10404.pdf

martes, junio 29, 2010

Página de temas de oposición

Con el fin de facilitar un cierto orden en el seguimiento de algunos temas de oposiciones, hemos decidido crear una página en la que hemos agrupado en temas, series de posts de contenidos similares.

Estos temas se irán agrupando en bloques de materias.

Estos temas no pretenden en ningún caso sustituir a los textos elaborados por academias y preparadores, ya que éstos están destinados específicamente a una oposición a un determinado cuerpo, normalmente habiendo sido redactados por personas con experiencia en esa oposición específica.

El objetivo es servir de ayuda o complemento a esos textos específicos.

Esta especie de programa o temario confeccionado no pertenece a ninguna oposición en concreto y en realidad pertenece a todas, ya que hay ciertos bloques de materias, como el Derecho Administrativo, el Derecho propio de la Administración, o el Derecho Constitucional, el derecho del estado español, que prácticamente no hay oposición de personal de administración y servicios que contenga alguno de estos temas.

lunes, junio 28, 2010

Estructura de las oposiciones para personal de administración y servicios

La estructura de una oposiciones a una administración pública, ya sea local, autonómica o nacional, suele contener algunas o varias de las pruebas que aparecen a continuación, dependiendo lógicamente del tipo de cuerpo al que se aspira:


Cuestionarios tipo test

Consisten en contestar un cuestionario de preguntas con respuestas múltiples basado en el programa que figura en la convocatoria. Su tiempo de duración depende del número de preguntas, siendo lo normal un minuto por pregunta o algo menos. Por ejemplo, un cuestionario de 150 preguntas suele tener como tiempo máximo para la realización ciento veinte minutos.


Examen de desarrollo a partir del programa

Consiste en redactar unos temas, extraídos al azar por el tribunal, del programa que figura en la convocatoria. Normalmente suelen estar distribuidos entre grupos de materias, correspondiente cada tema a un determinado grupo de materias. La duración depende del número de temas a desarrollar, siendo lo normal una hora por tema, así por ejemplo, si el número de temas para redactar son tres, la prueba durará tres horas.

El ejercicio suele ser leído por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal. Un aspecto que suele figurar en las convocatorias es que transcurridos diez minutos de la lectura, el Tribunal podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente insuficiente. Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con las materias expuestas, durante un plazo máximo que suele ser de diez minutos.


Examen de desarrollo de temas relacionados, pero no coincidentes

Consiste en desarrollar por escrito, unos temas relacionados, pero no coincidentes con el programa que figura en la convocatoria. El tiempo normal suele ser dos horas por tema, así en una prueba con dos temas, la duración sería de unas cuatro horas.

El objetivo de esta prueba es poner de relieve los conocimientos del aspirante valorando los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.

Al igual que en el examen de desarrollo de temas del programa, suele ser leído en sesión pública.


Examen práctico

La casuística es más variada, ya que hay grandes diferencias según el cuerpo que se trate. Pueden ser pruebas físicas (policía, bomberos, etc.) o resolución de supuestos prácticos, como una memoria crítica, comentario o informe sobre un proyecto, plan de actuación, etc., o cualquier otro supuesto. O incluso hasta examen de visu o reconocimiento visual.

Una de las notas que define esta prueba es la oralidad, consecuencia de carácter práctico. En el caso de que sea por escrito, también suele ser leído en sesión pública, pudiendo el tribunal dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con su ejercicio.


Examen de idiomas

Suele consistir en la traducción, directa y sin diccionario, de un texto propuesto por el Tribunal durante un tiempo que no suele ser muy elevado, soliendo ser de cuarenta minutos a una hora.
Los idiomas suelen ser inglés, francés o aleman, por preferencia en este orden y frecuentemente se permite elegir el idioma al aspirante.

viernes, junio 25, 2010

Tipos históricos del Derecho Administrativo. Sistemas contemporáneos (y II)

2. La alternativa anglosajona 

Frente al Derecho Administrativo que rige en buena parte de Europa e Hispanoamérica y en la Unión Europea existe la alternativa anglosajona.

El Derecho privado trata de que los individuos y sus intereses sean tratados con igualdad, mientras el Derecho administrativo es el Derecho de la desigualdad dentro de un cuadro de legalidad. La desigualdad se suele describir haciendo referencia a los poderes que la Administración ostenta en el seno de esas relaciones, como el aludido privilegio de decisión ejecutoria, estos privilegios se justifican en función de los fines superiores y las pesadas cargas que se encomiendan a la Administración (manteniendo el orden, satisfacción de las necesidades colectivas, como la educación, la sanidad, transportes, etc..)

En todo caso, ese régimen de desigualdad es un régimen de Derecho porque la Administración está sometida al principio de legalidad, conforme al cual todas las competencias y obligaciones que asume deben estar previamente establecidas en la Constitución, en las leyes o en las normas de desarrollo. Por otro lado, la desigualdad y el principio de legalidad juegan también en beneficio de los particulares, pues cualquier medida de intervención, si por una parte constriñe a los que va dirigida, por otra protege o libera a otros ciudadanos.

Desde la perspectiva histórico-política, el régimen de Derecho administrativo ha supuesto por primera vez la sumisión efectiva de la Administración al Derecho poniéndola al servicio de la colectividad.

Sin embargo, en los países anglosajones y concretamente Inglaterra, los derroteros por lo que se ha avanzado han sido distintos. En principio, la falta de un régimen de Derecho administrativo y la tesis de que esa carencia es notable virtud y superioridad del Derecho anglosajón se afirmó en un polémico libro de A. V. Dicey, Introducción al Derecho de la Constitución, publicado en 1885.

El sistema inglés de imperio de la ley (rule of law) se caracterizaría, por dos aspectos. El primero, la absoluta supremacía del Derecho común, como opuesto a toda existencia de poderes arbitrarios, de prerrogativas e, incluso, de facultades discrecionales de las autoridades administrativas dependientes del Gobierno. El segundo, la igual sumisión de todas las clases, incluyendo los funcionarios, al Derecho común del país administrado por los Tribunales ordinarios.

La caracterización que Dicey hace del régimen administrativo francés y lo mismo del español en el siglo XIX, es cierta, y dicho sistema se deriva de un diverso entendimiento del principio de división y separación de poderes en Francia y en Inglaterra. Mientras que el Derecho francés o el español interpretaron esa separación como prohibición a los Tribunales comunes de inmiscuirse en actos y actividades de la Administración y sus funcionarios, es decir, como independencia de la Administración; en Inglaterra se entendió justamente al revés: como sometimiento a los Jueces comunes de toda la actividad administrativa de los funcionarios.

En la actualidad, sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente. Por una parte, la Crown Proceedings Act de 1947 ha aceptado, si bien con especialidades respecto del Derecho común, la responsabilidad y las acciones consiguientes contra la Corona derivadas de sus incumplimientos contractuales y por daños de naturaleza extracontractual, aunque los funcionarios siguen sin poder reclamar contra aquélla. Y los mismos Tribunales conocen también de las acciones contra los funcionarios, el creciente intervencionismo estatal ha llevado a la creación de Tribunales especiales en ciertas materias administrativas, como las de Seguridad Social.

A través pues, de esta evolución, se percibe un cierto acercamiento entre el sistema anglosajón y los de los países que, como el nuestro arrancaron inicialmente el sistema de régimen administrativo francés, pero posteriormente han abandonado algunos de sus perfiles.

En todo caso, el modelo de régimen administrativo francés sigue pasando por ser el de mayor perfección, conforme acredita su influencia en la organización, función pública, régimen de actos y contratos y control judicial de las Comunidades Europeas.

jueves, junio 24, 2010

Tipos históricos del Derecho Administrativo. Sistemas contemporáneos (I)

1. El desplazamiento del Derecho Administrativo por el Derecho privado

El Derecho Administrativo está sufriendo en los últimos tiempos un desplazamiento por el Derecho privado, pasando de un modelo histórico de Derecho Administrativo puro, como es el de Francia, Alemania o la Unión Europea, a un modelo con tendencia privatizadora, como está sucediendo en Italia o en España.

Desde el siglo pasado, en el que nació en Francia y en España el moderno Derecho Administrativo la sujeción de las Administraciones públicas al Derecho Privado y a la Jurisdicción civil se ve como una excepción al fuero que comporta la existencia en favor de aquéllas de una Jurisdicción especial, la Jurisdicción .Contencioso Administrativa.

Dichas excepciones tuvieron una doble justificación: de una parte está la consideración de los jueces ordinarios como guardianes de las libertades y derechos fundamentales, y entre ellos de la propiedad, por lo que las cuestiones o litigios sobre la propiedad se les atribuyeron con exclusión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y su Derecho.

De otra parte si el Derecho y la Jurisdicción Contencioso Administrativa se justifican en la asunción de funciones y servicios públicos y la construcción de obras públicas, se entiende que la simple gestión del patrimonio privado de los entes públicos puede originar relaciones sujetas al juez civil.

Ya en este siglo, la aplicación de Derecho privado se entiende además como una posibilidad para la realización de actividades industriales y comerciales. Con este objetivo tanto el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924, como la Ley de creación del Instituto Nacional de Industria de 1939, habilitaron a los entes locales y al Estado para crear empresas en forma de sociedad anónima de un sólo socio.

En la actualidad, aparte de mantenerse esos dos supuestos, la aplicación del Derecho privado se lleva mucho más lejos: como método o sistema generalizado para la gestión de funciones o servicios públicos o la contratación de obras públicas, justificando esa utilización en la mayor eficacia del Derecho privado respecto al Derecho público.

La exención de todo o parte de la actividad de los Entes públicos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de su Derecho propio, el Derecho Administrativo, topa, sin duda, con previsiones constitucionales expresas sobre ambos extremos, previsiones que permiten sostener que nos hayamos ante una verdadera garantía institucional de Derecho Administrativo que le hace inmune a su derogación por el legislador ordinario.

El artículo 153.3 de la Constitución de 1978 menciona expresamente a la Jurisdicción Contencioso Administrativa y no la penal, civil o laboral, a la que remite el control de las actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas. Se trata de una referencia precisa a este orden jurisdiccional que, al ser único orden jurisdiccional mencionado por su nombre y apellido, resulta constitucionalizado en nuestra Carta Magna.

Si la Jurisdicción Contencioso Administrativa por definición no aplica o garantiza otro Derecho que el Derecho administrativo, la imposibilidad de escapar del régimen de éste derivaría, en primer lugar, de esa correlación constitucionalmente establecida entre administraciones públicas y sometimiento a la justicia administrativa.

Esta conclusión queda reforzada por la imposición constitucional a la actividad administrativa de una serie de principios connaturales al régimen jurídico-administrativo, y que sólo ese régimen, y los procedimientos que comporta, es capaz de garantizar. Así ocurre con los principios de legalidad; de prohibición de la arbitrariedad, artículo 9.3, de objetividad, mérito y capacidad (artículo 23), la imparcialidad (artículo 103), igualdad (artículos 14 y 23), y la actuación a través de procedimientos (artículo 105.3). El Derecho administrativo y la Jurisdicción Contencioso Administrativa se convierten en únicos e imprescindibles garantes de los derechos e intereses legítimos de los particulares y de los intereses generales.

Cuando la Administración escapa del Derecho administrativo, disfrazándose de sociedad anónima o de ente público sujeto al Derecho privado no deja de ser Administración y debería, en consecuencia, estar sujeta a los mismos principios constitucionales. Sin embargo, el Derecho privado no sirve para garantizar que, efectivamente, dichos principios (igualdad, mérito y capacidad, objetividad, neutralidad, prohibición de arbitrariedad) se cumplen, y no sólo porque son irrelevantes en el Derecho privado, sino también porque al faltar en éste la exigencia de un procedimiento previo, justificador y legitimador de los actos jurídicos, como se impone para las Administraciones públicas por el artículo 105.3, se impide que los Tribunales ordinarios puedan controlar que la actuación de la Administración con arreglo al Derecho privado se ajusta a aquellos principios.

De otro lado, hay que desmitificar la creencia en la mayor eficacia de la Administración cuando actúa sujeta al Derecho privado y que se confunde de ordinario con la mayor eficacia del sector privado sobre el público.

La tendencia privatizadora, en cuanto busca la contratación discrecional, comporta un fraude a las Directivas comunitarias (Directiva 71/305/CE de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras y la Directiva 77/62/CE de 1976, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (posteriormente modificadas y completadas por otras), directivas que imponen a los Estados miembros la obligación de acomodar su Derecho a los procedimientos públicos de selección de contratistas que en aquéllas se diseñan. Por ello, el legislador español, estatal y autonómico mientras con una mano adapta su legislación al Derecho comunitario, con la otra transforma y desnaturaliza con fórmulas privadas a sus Administraciones públicas, para eludir las obligaciones que se derivan de esa misma normativa.

La tendencia privatizadora pone de manifiesto el error de haberse centrado el Derecho administrativo más sobre los temas de la garantía externa de los particulares contra la Administración, que sobre los temas de la organización eficaz de los entes y servicios públicos.

Los fracasos de estas técnicas se están evidenciando en países como Italia, que va por delante de España en estas experimentaciones, han llevado a Guarino a postular el mantenimiento del modelo clásico de Derecho administrativo, un ordenamiento administrativo rígido y propone una serie de medidas para autonomizar la Administración frente a la clase política y, en general, aumentar su eficiencia.

miércoles, junio 23, 2010

Empleo público en la Comunidad de Madrid

La web de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Madrid contiene información sobre el empleo público en la Comunidad Autónoma de Madrid.

En la misma existen cuatro partes o enlaces:

1. Oferta de Empleo y convocatorias 

Además de llevarnos a la página de la función pública de la comunidad madrileña, nos informa de las listas de espera de funcionarios interinos y de las convocatorias en curso.

2. Empleo Público en Educación 

Informa de oposiciones a docentes en enseñanza primaria y secundaria

3. Empleo Público en Sanidad

Informa sobre concursos y oposiciones de personal estatutario y bolsas para la contratación temporal


4. Empleo Público en Justicia

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid

martes, junio 22, 2010

El Derecho Administrativo (y VI). Contenidos del Derecho Administrativo

6. Contenidos y materiales y académicos del Derecho administrativo

Teniendo en cuenta sus contenidos materiales, el Derecho Administrativo comprende en primer lugar las instituciones básicas de la llamada Parte General, que no son otra cosa que una duplicación de instituciones del Derecho privado, pero con notables especialidades. Sobre esta base institucional existen unas especialidades que suelen consistir en determinados privilegios a través de los cuales la Administración asegura su superioridad sobre los administrados.

Como instituciones ya típicamente administrativas aparecen la expropiación forzosa y el procedimiento administrativo, que no existen figuras similares en las instituciones de Derecho privado.

Una diferencia notable entre los contenidos académicos del Derecho Administrativo y del Derecho Civil y el Derecho Penal es que en el Derecho Administrativo se estudian también los aspectos procesales de tipo administrativo, si bien con menor detenimiento y precisión de lo que es habitual en el Derecho Procesal, en parte porque las normas del proceso civil actúan como subsidiarias del proceso contencioso-administrativo.

El Derecho Administrativo comprende además una segunda parte o Parte Especial en la cual se estudia la Legislación que regula la intervención pública en los más diversos sectores de la actividad humana (urbanismo, medio ambiente, sanidad, educación, industria, agricultura, comercio, defensa, orden público, etc.). Asimismo la mayor parte de las normas que hoy forman el Derecho Comunitario europeo por sus contenidos y técnicas de garantía se encuadran dentro del Derecho administrativo.

lunes, junio 21, 2010

El Derecho Administrativo (V). La Administración y el Poder Judicial

5. La Administración y el Poder Judicial 

Las relaciones de la Administración con el Poder Judicial han evolucionado de forma inversa a las que mantiene con el Poder Legislativo, la posición de la Administración frente a los jueces era más fuerte en los orígenes del constitucionalismo que lo es ahora.

Pese a que la Administración ostenta todavía importantes poderes cuasi-judiciales, sus relaciones con los tribunales no tienen ya el aire de prepotencia iniciados en los orígenes del constitucionalismo, provocado por la hostilidad con que la Revolución Francesa contempló a los tribunales, ya que les veía como unas instituciones proclives al Antiguo Régimen.

Al igual que en Francia, el status judicial privilegiado de la Administración se configuró en España como un sistema de protección frente a los Jueces y Tribunales a los que se prohíbe "mezclarse en asuntos peculiares de la Administración del Estado, ni dictar reglas o disposiciones de carácter general acerca de la aplicación o interpretación de las leyes" (artº 4 de la L.O.P.J. de 1870). Idéntica es, asimismo, la prohibición a los jueces de admitir interdictos posesorios contra la Administración (Real Orden de 1839).

Además, el principio de separación de funciones se sustentará también desde sus orígenes sobre otras técnicas. En primer lugar, a través de la creación de una jurisdicción o fuero especial: la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Esta jurisdicción especial, que permite sustraer de los tribunales civiles los pleitos en que es parte la Administración, nace en España en el año 1845 con la creación del Consejo Real y de los Consejos Provinciales, siguiendo el modelo francés.

Asimismo, se impide a los jueces civiles y penales conocer de las cuestiones previas administrativas que se planteen en sus propios juicios y procesos como premisas de los fallos, debiendo abstenerse de resolverlas y remitirlas a este efecto a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Además la separación se asegura con una decidida protección de los funcionarios frente a las acciones de responsabilidad civil o penal que contra ellos se intenten ante los tribunales penales y civiles.

La independencia de la Administración respecto de los Tribunales se garantiza positivamente, haciendo que aquélla no tenga necesidad de éstos para asegurar la eficacia de sus resoluciones y mandatos, lo que se alcanza con el reconocimiento de poderes cuasi-judiciales a los propios órganos de la Administración.

Y por si fuera poco, la Administración posee un potente y directo poder sancionador en todos los campos de intervención administrativa. Dicha competencia, atribuida por normas de muy diverso rango, contradice la potestad monopolística de los Jueces y Tribunales para juzgar y ejecutar lo juzgado en los asuntos criminales, que consagra nuestro Derecho desde la Constitución de Cádiz.

Después de la Constitución de 1978 y, yendo todavía aún más lejos que el Derecho francés, las cuestiones administrativas previas y la prejudicialidad administrativa en el proceso penal no son ya una limitación a la competencia de los jueces penales, que ahora pueden conocer de las mismas sin necesidad de someterlas previamente a la Jurisdiccón Contencioso-Administrativa (artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985).

En el sistema de conflictos, con la ley de 1948, la Administración comienza a perder su posición privilegiada en cuanto al monopolio de la iniciativa del planteamiento del conflicto, que desde entonces pueden plantar también los Tribunales de la Administración. Este proceso de favorecimiento de Jueces y Tribunales se acentúa aún más con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, al privar a la Administración de su posición de superioridad en la fase resolutoria de los conflictos, que ahora se encomienda a una comisión mixta.

La Constitución de 1978 ha permitido a la Administración legitimar su discutible y, desde sus mismos orígenes, siempre excesivo poder sancionador. En virtud de los artículos 25 y 45.3 de la Constitución de 1978 ya no es posible dudar de su legitimidad constitucional, lo que, sin duda, compensa a la Administración de la pérdida de otros privilegios.

Asimismo, la Administración conserva la potestad de ejecutar las sentencias judiciales que a ella se refieren (artículos 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) y permanecen en vigor varios supuestos en los que la Administración puede dejar sin efecto estas resoluciones judiciales:

1) En los casos de suspensión e inejecución de sentencias regulados en el artículo 105 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2) Más grave y controvertida es la facultad que puede dejar sin efecto una sentencia penal a través de indultos particulares que se ejercita con arreglo a la ley de 1870.

Cuando los ciudadanos se relacionan con una Administración Pública deben tener en cuenta, si no quieren caer en una trampa que tras la apariencia de un sujeto de Derecho, la Administración Pública posee un enorme poder público normativo, ejecutorio y sancionador. 

viernes, junio 18, 2010

El Derecho Administrativo (IV). La Administración y la función legislativa

4. La Administración y la función legislativa

La Administración es un sujeto de Derecho, un destinatario de las normas. Pero además en cierto modo es también un órgano creador del Derecho y un aplicador ejecutivo que ostenta poderes materialmente análogos a los de los legisladores y los jueces.

En los orígenes del constitucionalismo los poderes legislativos de la Administración eran muy limitados, poco a poco, por unos u otros motivos, la Administración irá adquiriendo un importante papel en el ejercicio de la función legislativa. Amparada en las leyes de plenos poderes, en las técnicas de la delegación legislativa, de la deslegalización de materias y de los decretos-leyes, o en una supuesta potestad reglamentaria autónoma y usando del monopolio de la iniciativa legislativa que le corresponde, el Gobierno convertirá al Parlamento en un mero espectador de su producción normativa.

En nuestro país, la creación de las Comunidades Autónomas con facultades legislativas ha hecho perder, además, el monopolio de la función legislativa a las Cortes Generales. Desde los Parlamentos de estas nuevas Administraciones territoriales se ejerce un poder legislativo no siempre orientado a dictar normas generales, pues en ocasiones no hace más que encubrir verdaderos actos de administración con el ropaje de las leyes, camuflaje con el cual resultan de imposible fiscalización por los Tribunales ordinarios en fraude de la regla de la garantía judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución.

jueves, junio 17, 2010

El Derecho Administrativo (III). El concepto de Administración Pública y su extensión a los poderes del Estado

3. El concepto de Administración Pública y su relativa extensión a la totalidad de los poderes del Estado

De la noción de Administración Pública, como tal, se excluyen aquellas organizaciones estatales o Poderes públicos cuya función específica es crear el Derecho (Cortes Generales, Parlamentos Autonómicos) o garantizarlo (Jueces y Tribunales). Con lo restante del Estado se construye el concepto de Administración Pública, en la que se integra, en primer lugar, la Administración del Estado compuesta, bajo la dependencia del Gobierno, por los diversos Ministerios, Secretarias de Estado, Subsecretarias, Direcciones Generales, y demás organismos.

En segundo lugar, constituyen también Administración Pública las demás administraciones de base territorial: los más de ocho mil municipios, las provincias y las comunidades autónomas, así como los diversos organismos especializados (Organismos Autónomos) que dependen de todas ellas. La doctrina no es unánime, sin embargo, a la hora de incluir en la Administración Pública a la denominada Administración Corporativa (colegios profesionales y cámaras oficiales).

Mayores dificultades se han producido para configurar como Administración Pública a las organizaciones burocráticas que sirven de soporte a los poderes públicos distintos de las Administraciones territoriales, como las Cortes Generales, los Parlamentos Autonómicos, el Consejo General del Poder Judicial, y el Tribunal de Cuentas. Evidentemente la función específica que constituye la razón de ser de esos poderes públicos no se rige por el Derecho Administrativo, sino por reglas del Derecho político o constitucional, en la cual el Estado no actúa como sujeto de Derecho sino como creador o garante del mismo. En estos casos, sin embargo, el Estado se manifiesta también a través de esos poderes públicos como sujeto de Derecho, esto es, como Administración Pública, cuando dichas instituciones desarrollan una actividad materialmente administrativa, ya sea realizando contratos instrumentales, administrando su patrimonio o gestionando su personal de apoyo.

Consecuentemente con esta tesis, el Estatuto de Personal de las Cortes Generales de 1983 sometió los conflictos de aquellas con sus funcionarios al conocimiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La misma solución se ha establecido para el Tribunal Constitucional. Esa es la solución que impone ahora, con carácter general, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

El caso del Consejo General del Poder Judicial está más claro que el de los otros órganos constitucionales, pues deliberadamente se le ha otorgado un status de Derecho administrativo para alcanzar un control judicial tanto de su actividad logística, como en lo que atañe a su específica actividad de gobierno sobre los jueces.

miércoles, junio 16, 2010

El Derecho Administrativo (II). El Derecho Administrativo como Derecho Público y Derecho garantizador

2. El Derecho Administrativo como Derecho Público y Derecho garantizador

La norma administrativa al estar en todo caso está destinada a una Administración Pública como sujeto u órgano garantizador debe ser considerada como Derecho Público.

Lo que es decisivo no es la posibilidad de la aplicación en sí, sino el destino de la norma. Normas de Derecho privado son las que tienen por destinatario a todos los sujetos en general, y normas de Derecho público, las que presuponen siempre como destinatario al Estado o a las Administraciones Públicas, como sujetos del Derecho.

El Derecho administrativo es, por tanto, el Derecho público común y general, el verdadero Derecho público, de cuya concepción tradicional hay que excluir aquellas ramas del Derecho que están por encima del Derecho público y del privado, como ocurre con el Derecho legislativo, que regula el sistema de fuentes.

Por su diferente funcionalidad deben considerarse también por encima de la clasificación Derecho público-Derecho privado, las normas cuya finalidad es simplemente garantizar el cumplimiento tanto del Derecho público como del privado y que integran el derecho penal y procesal. Estas leyes penales o procesales (Derecho garantizador) están destinadas al Estado como garante del mismo.

lunes, junio 14, 2010

El Derecho Administrativo (I). Concepto y contenido

1. El concepto de Derecho Administrativo

Aceptaremos, la definición simple y descriptiva de Zanobini: el Derecho administrativo es aquella parte del Derecho Público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las Administraciones Públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos.

Las normas administrativas tienen como destinatario o sujeto a una Administración pública. Pero esto no supone que éstas no puedan utilizar o formar parte de relaciones jurídicas reguladas por normas no administrativas.

La forma en que una norma administrativa tiene como sujeto o destinatario una Administración pública admite diversas variedades:
- En unos casos, la norma tiene como destinatario único y preferente a la Administración Pública, como las que regulan la organización administrativa, cuya efectividad y aplicación no reclama la presencia de otro sujeto.

- Otro tipo de normas administrativas están destinadas a ser cumplidas por la administración, pero su aplicación y efectividad no se concibe sin la simultánea presencia de los administrados o ciudadanos, por ejemplo, la expropiación forzosa, los impuestos, etc...

- Hay un tercer grupo de normas cuyos destinatarios más directos son los particulares o administrados, pero que presuponen, la presencia vigilante de la Administración como garante de su efectividad. A este grupo pertenecen, las normas de regulación de precios.

jueves, junio 10, 2010

Páginas en El blog del opositor y las oposiciones

Estimados amigos, seguidores,y lectores de El blog del opositor y las oposiciones:

A grandes rasgos, los temas de nuestro blog se podrían clasificar en tres áreas: información, información de oposiciones; temas, temas concretos de oposiciones, y consejos, recomendaciones de cara a la dura tarea de afrontar unas oposiciones.

Al colgar la información, como se hace en un blog, de más antigua a más moderna, si se quiere consultar una parte del trabajo anterior, no existe ningún problema en hacerlo acudiendo al archivo del blog o a un buscador. Pero hemos pensado que facilitaría mucho este trabajo el habilitar unas páginas a modo de índice o sumario. Por esta razón, se han abierto unas páginas, en las que figuran, en principio, estas tres áreas de las que hemos hablado.

Poco a poco, las iremos habilitando y os iremos informando de lo que vamos colgando en las mismas.

La Constitución como norma suprema de las fuentes del Derecho Administrativo (y IV. El principio de interpretación)

La supremacía de la Constitución sobre todas normas y su carácter central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar toda normativa, según los principios y las reglas constitucionales, en cualquier momento de su aplicación, lo que hace que la Constitución se constituya en el parámetro de validez de las normas.
Esto significa que antes de que una ley sea declarada inconstitucional, el juez que efectúa el examen tiene el deber de buscar una concordancia de dicha ley con la Constitución.

Se presume, por tanto, la constitucionalidad de las leyes, lo cual supone:

1º. Otorgar confianza al Poder Legislativo en la observación e interpretación correcta de los principios constitucionales.

2º. Para que una ley pueda ser declarada inconstitucional, debe existir una duda razonable sobre su contradicción con la Constitución.

3º. Ha de hacerse una interpretación del ordenamiento dentro de los límites constitucionales, lo cual significa que en caso de doble interpretación se mantendrá la que no plantee contradicción.

El alcance y las consecuencias que generan este principio de interpretación del ordenamiento conforme a la Constitución significa que la Constitución asegura la unidad del ordenamiento sobre un orden de valores materiales que de modo general están enunciados en la Constitución (Preámbulo, Título Preliminar y Sección Primera del Capítulo II del Título I y Título II). Estos valores no son simples enunciados retóricos puesto que para ellos el artículo 168.1 establece un sistema de reforma superreforzado ya que se consideran "decisiones políticas fundamentales" y que se concretan en la configuración del Estado de derecho, el Estado social y democrático de derecho, la libertad, la igualdad, las autonomías territoriales, el sistema formal de libertades, la Monarquía Parlamentaria, el principio de legalidad, etc...

Cabría encontrar otros valores menos relevantes que no tienen un sistema de protección tan acusado en cuanto a su reforma (artículo 167) y entre ello puede destacarse los principios rectores de la política social y económica, la independencia del Poder Judicial y la autonomía municipal.

Finalmente, hay que señalar que la generalidad del mandato de interpretación conforme a la Constitución asigna por sí solo un valor preeminente a la doctrina legal que resulte de la sentencia del Tribunal Constitucional frente a cualquier otro cuerpo jurisprudencial de cualquier otro orden judicial, preeminencia que resulta del carácter de intérprete supremo de la Constitución que aquél Tribunal corresponde, según el artículo 1 de su Ley Orgánica de 1979, y así hay que interpretar la declaración del artículo 161.1a) de la Carta Magna española, preeminencia que se predica también, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional no determina la inconstitucionalidad de una ley (sentencias interpretativas); es decir, también la interpretación de una ley en consonancia con la Constitución vincula al resto de tribunales.

miércoles, junio 09, 2010

La Constitución como norma suprema de las fuentes del Derecho Administrativo (III. Su valor normativo)

A) Principio general

El contenido del artículo 9.1 de la Constitución Española es muy claro: toda la Constitución tiene valor normativo, inmediato y directo; además, la Constitución es parte del ordenamiento jurídico, su parte primordial y fundamental, y, por último, la vinculación normativa de la Constitución afecta a todos los ciudadanos y poderes públicos, no sólo al Parlamento sino también al Ejecutivo y a jueces y tribunales y, por consiguiente, también al Tribunal Constitucional.

B) Significado del sistema de jurisdicción concentrada

El sistema de jurisdicción constitucional establecido en nuestra Constitución significa que el monopolio del Tribunal Constitucional sólo alcanza a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, no a cualquier aplicación de la Constitución (artículo 163 de la CE). Por tanto, existe una obligación de los jueces ordinarios de inaplicación de la ley que consideren inconstitucional debiendo plantear dicha cuestión ante el Tribunal Constitucional.

Pero la aplicación de la Constitución se extiende también a los jueces, hay que concluir que éstos pueden efectuar un juicio de inconstitucionalidad en el caso de las normas con rango inferior a la Ley (los reglamentos) y, más aún, todos los actos jurídicos públicos y privados, cuando san inconstitucionales, deben negar su validez. Es ese el sentido que tiene la expresión "interpretar conforme a la Constitución la totalidad del ordenamiento", tanto de leyes como de reglamentos.

C) Vinculación total de las normas constitucionales

Tanto el Tribunal Constitucional al enjuiciar las leyes, como los jueces y tribunales ordinarios, como todos los sujetos públicos o privados, en cuanto vinculados por la Constitución, deben aplicar la totalidad de sus preceptos sin posibilidad alguna de distinguir entre artículos de aplicación directa y otros meramente programáticos que carecerían de valor normativo. Aunque no todos los artículos de la Carta Magna tienen un mismo alcance y significación normativas, todos enuncian efectivas normas jurídicas sea cual sea su posible imprecisión o indeterminación.

Analizando el artículo 53 del texto constitucional, enmarcado en el capítulo dedicado a las garantías de las libertades y derechos fundamentales, afirma que en ciertas materias la Constitución es de aplicación directa como norma de decisión de cualquier clase de procesos, precisamente por haber derogado el texto constitucional todas las leyes que se opongan a su regulación, lo cual significa que la labor de aplicación de la Constitución está distribuida entre tribunales ordinarios y Tribunal Constitucional.

Pero el propio artículo 53 distingue dos zonas de aplicación directa de la Constitución:

1.- La aplicación directa de la regulación constitucional de los Derechos Fundamentales (artículo 14 y Sección Primera del Capítulo II del Título I)

En efecto, el artículo 53.1 señala que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos y esa vinculación se hace a título de derecho inmediatamente válido. Pero el artículo 53.2 admite la posibilidad de amparo constitucional respecto a los derechos fundamentales y las libertades públicas recogidos en los artículos 14 y 30 y Sección Primera del Capítulo 2º del Título I, evitando así que pueda producirse una inaplicación de los mismos, posibilidad que se extiende a los tribunales ordinarios mediante el procedimiento de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales que es en la actualidad, ese procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad que señala el artículo 53.2.

2.- El problema de la aplicación directa de los principios constitucionales cuando son de contenido programático (artículos 31 a 52 de la Constitución española)

Del juego del artículo 53.1 y el artículo 53.3 de la Carta Magna española se entiende claramente un valor normativo de esos preceptos, pero en este caso, la tutela judicial no está bien concretada y ha de ser el Tribunal Constitucional el que tenga el monopolio en la declaración de inconstitucionalidad. Es más, el artículo 53.3 señala que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores de la política social y económica informarán la legislación positiva, la práctica y la actuación de los poderes públicos y sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollan, lo cual no hace sino confirmar esa reserva jurisdiccional en favor del Tribunal Constitucional, si bien los jueces ordinarios han de hacer también un juicio previo de constitucionalidad en los casos concretos, aplicando dichos principios rectores, elevando cuestión de constitucionalidad al Tribunal competente en el caso de las leyes, o declarando de oficio tal inconstitucionalidad si se trata de normas de rango inferior o de los actos o negocios jurídicos concretos sometidos a su dictamen.

martes, junio 08, 2010

La Constitución como norma suprema de las fuentes del Derecho Administrativo (II. Su supremacía)

La Constitución, por una parte, configura y ordena los poderes del Estado por ella configurados en su parte orgánica; por otra, establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de libertades y derechos fundamentales, así como los objetivos positivos y las prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad, como se establece en su parte dogmática.

Pero la Constitución no sólo es una norma, sino precisamente, la primera de las normas del ordenamiento entero, la norma fundamental, "lex superior", por varias razones:

1ª/ Porque define el sistema de fuentes formales del Derecho, de modo que sólo por dictarse conforme a lo dispuesto por la Constitución una ley será válida o un reglamento vinculante; en este sentido, es la primera de las normas de producción, la fuente de las fuentes.

2ª/ Porque la medida en que la Constitución es la expresión de una intención fundacional tiene una pretensión de permanencia o duración (vocación de Ley perpetua), lo que parece asegurarla una superioridad sobre las normas ordinarias. De aquí se deduce la llamada rigidez de la norma constitucional, que la asegura una superlegalidad formal que impone formas reforzadas de cambio o modificación constitucional frente a los procedimientos legislativos ordinarios.

3ª/ Existe un reconocimiento ímplicito de una superlegalidad material, que asegura a la Constitución una preeminencia jerárquica sobre todas las demás normas del ordenamiento. Esas demás normas sólo serán válidas si no contradicen, no ya sólo el sistema formal de producción de las mismas, que la Constitución establece, sino, sobre todo, el cuadro de valores y de limitaciones del poder que en la Constitución se expresa.

lunes, junio 07, 2010

La Constitución como norma suprema de las fuentes del Derecho Administrativo (I. Concepto y contenido)

La Constitución es la norma suprema de las fuentes del Derecho Administrativo.

1. Concepto

En sentido material una Constitución es la organización fundamental  o estructura política superior de un Estado.  Está podrá ser escrita o no.

En sentido formal, se entiende por Constitución a la ley superior, pero entendida como superley o ley suprema. Nos encontramos ante un texto escrito, que ha sido aprobado por el poder constituyente y con rango superior  al de la Ley que no puede oponerse a ella.

2. Contenido

La Constitución surge en Occidente a finales del siglo XVIII, y su contenido lo indica con toda precisión el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes no tiene Constitución.

Podemos distinguir en la Constitución las siguientes partes:

1.      Preámbulo, que contiene los principios generales que definen al estado y asimismo al poder constituyente.

2.      Parte dogmática, en ella se recogen las declaraciones de los derechos individuales, así como los económicos y sociales.

3.      Parte orgánicacontiene la organización del estado, de los poderes públicos, sus competencias y relaciones.

4.      Regulación sobre su reforma, por último se regula el procedimiento de reforma, aunque no todas las Constituciones lo tienen establecido.

La Constitución española de 1978 responde a este significado general de Constitución: Tal como lo proclama el Preámbulo, el autor del texto constitucional es la nación española en uso de su soberanía. Su objetivo es garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de derecho y proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los Derechos Humanos. Declara como valores superiores de su ordenamiento jurídico la Libertad, la Justicia, la Igualdad y el Pluralismo Político (Artículo 1.1), de modo que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley, de los derecho de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10.1). Todas estas manifestaciones son confirmadas y desarrolladas en preceptos de la misma Constitución: artículos 9.2, 53.1, 66, 103.1, 117.1.

miércoles, junio 02, 2010

Las fuentes del Derecho Administrativo

Para García de Enterría, no hay dudas en cuanto a la aplicación al Derecho Administrativo del sistema general de fuentes que enuncia para todo el derecho español el artículo 1 del Código Civil (visto en un anterior post). 

Pero en el Derecho Administrativo, el sistema general de fuentes tiene ciertas especialidades:

a) Un problema capital es la coexistencia de la Ley con el Reglamento. Esta coexistencia hay que entenderla en función del principio de jerarquía de las normas: la Ley es superior jerárquicamente al Reglamento y, a su vez, los reglamentos tienen una disposición jerárquica interna. De esta forma, el ordenamiento administrativo aparece, en cuanto a su componente de normas escritas, como un sistema plural que se expresa en un orden jerárquico de normas, garantizando como tal por el artículo 9.3 de la Constitución española.

b) Dado que la Administración Pública se presenta descompuesta en una pluralidad de entes diversos, desde la perspectiva de las Fuentes del Derecho, cada uno de estos entes constituye  verdaderos ordenamientos secundarios, sobre todo en el caso de las Administraciones Territoriales titulares de competencias y potestades generales referidas a todos los presentes en el territorio que constituye su base. En efecto, la organización territorial del Estado (Título VIII de la Constitución) se ordena sobre el principio de autonomía que implica una potestad normativa propia, base de otros tantos ordenamientos singulares, conferida a cada una de las administraciones territoriales: Administraciones Central, Autonómica y Local.

Esta pluralidad normativa se resuelve bajo el principio de competencia. Las normas autonómicas surgen de ámbitos competenciales que en favor de las respectivas Comunidades Autónomas han reservado la Constitución y por aplicación de la misma los Estatutos de Autonomía, las Leyes Orgánicas de transferencia o delegación de facultades y las Leyes Marco. Dentro de los ámbitos de autonomía, las leyes y los reglamentos del Estado no son superiores jerárquicamente a las normas autonómicas, sino que están excluidos en virtud de la reserva constitucional o legal (artículo 149.3 de la Constitución Española).

c) Se comprueba que existe una pluralidad de fuentes creadoras de derecho, con las cuales ha de constituirse, no obstante, un sistema unitario: el ordenamiento jurídico administrativo. Para mantener dicha unidad es necesario considerarlo como un sistema cerrado en el que por principio no caben vacíos. Las lagunas que siempre dejan las normas cuando se consideran aisladamente han de integrarse dentro de ese complejo unitario y sistemático que es el ordenamiento jurídico. En el caso del Derecho Administrativo, tal integración no se produce por remisión a otros ordenamientos distintos (no sería de aplicación el artículo 4.3 del Código Civil) puesto que el Derecho Administrativo tiene también sus propios principios generales y le dan autonomía sin necesidad de acudir a otras ramas del Derecho. Esto se manifiesta en los artículos 1.1, 9.1, 96.1 y 103.1 de nuestro texto constitucional. 

d) La última peculiaridad de las Fuentes del Derecho Administrativo es la existencia de un poder normativo propio de las Administración: La Potestad Reglamentaria, consagrada en los artículos 97 y 153.c de las Constitución española.