lunes, abril 23, 2007

EL EMPLEO PÚBLICO (VIII)

8. Las Administraciones estatales

Administración General del Estado

La Administración General del Estado integra el conjunto de órganos administrativos que ejercen sobre todo el territorio nacional las competencias que la Constitución atribuye al Estado.

La Administración ejecuta materialmente la política del Gobierno. Con el objeto de llevar a cabo este propósito, se organiza en Ministerios, con sede central en Madrid y dotados de servicios periféricos en el resto del territorio nacional.

Administración autonómica

Las Administraciones Públicas Autonómicas ejercen competencias en las materias definidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Cada Comunidad Autónoma ha establecido su propio modelo de organización administrativa estructurada en Consejerías y cada una de éstas cuenta con servicios centrales y territoriales (provinciales y/o comarcales).

Actualmente existen 17 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, País Vasco, y La Rioja. Además, Ceuta y Melilla se constituyeron en ciudades autónomas dotadas del correspondiente estatuto.

Administración Local

Las entidades locales básicas reconocidas en la Constitución son el Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. Además pueden crearse otras entidades como comarcas, áreas metropolitanas o mancomunidades de municipios.

En los municipios, el gobierno y la administración corresponden al Ayuntamiento, formado por el Alcalde y los Concejales; en las provincias, a la Diputación; y en las islas, a los Cabildos o Consejos Insulares.

Administración Institucional

Es el conjunto de organizaciones dotadas de personalidad jurídica propia, autonomía financiera y de gestión, de que se sirven las Administraciones territoriales (estatal, autonómica y local) para la prestación de un servicio o actividad administrativa en régimen de descentralización funcional.

En el caso de la Administración institucional de Estado, los "organismos públicos" deben ser creados por ley y pueden ser "organismos autónomos", sometidos al derecho administrativo, o "entidades públicas empresariales", cuya actuación se rige principalmente por el derecho privado. También existen "sociedades mercantiles" y otras entidades institucionales con una regulación específica.

La Unión Europea

La Unión Europea es una estructura jurídica compleja, integrada por tres organizaciones internacionales (las Comunidades Europeas) y un sistema institucionalizado de cooperación entre sus Estados Miembros. En la actualidad, forman parte de la misma veintisiete estados: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Eslovaca, Eslovenia,

Los Tratados constitutivos establecen cinco instituciones, cada de ellas con una función específica:

- El Parlamento Europeo (elegido por los ciudadanos de los Estados miembros) participa en el proceso legislativo junto con el Consejo y ejerce el control político sobre la Comisión.

- El Consejo de la Unión Europea (formado por representantes de los Gobiernos de los Estados miembros) dispone del principal poder de decisión.

- La Comisión Europea (compuesta por 20 Comisarios independientes) tiene competencias ejecutivas que ejerce a través de la Administración comunitaria.

- El Tribunal de Justicia (compuesto por 15 jueces) garantiza el respeto y la correcta interpretación del derecho comunitario.

- El Tribunal de Cuentas (compuesto por 15 miembros) efectúa el control de la legalidad y la regularidad de la gestión del presupuesto de la UE.

Además existen órganos auxiliares que desarrollan funciones consultivas (Comité Económico y Social, Comité de las Regiones), de defensa de los derechos de los ciudadanos (Defensor del Pueblo) y financieras (Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones), así como distintas agencias y organismos especializados.

lunes, abril 16, 2007

EL EMPLEO PÚBLICO (VII)

7. Proceso de selección

Las Administraciones deben garantizar también el principio de publicidad en el acceso a la función pública. Para ello se da público conocimiento de cada uno de las disposiciones o actos administrativos, definitivos o de trámite, que conforman el proceso de selección.

A) Oferta de empleo público.

El proceso comienza con la publicación en el Boletín Oficial correspondiente de la oferta de empleo público de cada Administración, donde se detallan el número y la tipología de las plazas que se precisa cubrir y serán convocadas en el futuro.

B) La base de la convocatoria.

Posteriormente, una vez existe presupuesto asignado para ello, se publica la convocatoria del sistema de selección con la inclusión de las bases que lo regirán: número y características de las plazas, requisitos de los aspirantes, pruebas y programa de materias sobre las que versará, méritos evaluables y sistema de baremación, composición del tribunal calificador, etc.

El plazo para la admisión de solicitudes puede o no publicarse en la misma resolución que las bases. Como norma habitual suele publicarse conjuntamente en procesos que convocan la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en sus respectivos Boletines Oficiales. En el caso de la Administración Local generalmente se publican las bases en el Boletín Provincial y/o en el Boletín de las Comunidades Autónomas y un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado que es el que abre el plazo de solicitud fijando el periodo para la entrega de solicitudes.

C) Otros aspectos procedimentales

A lo largo del proceso selectivo también se da publicidad al nombramiento del tribunal que juzgará las pruebas, a la relación de aspirantes admitidos o rechazados, a los lugares y días de celebración de los exámenes, a los resultados de las pruebas o a cualquier otro aspecto que, afectando al proceso, requiera del conocimiento de los interesados.
Los Tribunales o Comisiones de selección en ningún caso podrán declarar que han superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

D) Cómputo de los plazos

Este aspecto resulta fundamental ya que superado el plazo establecido en la convocatoria no se admitirá la inscripción de ninguna solicitud. Generalmente las convocatorias no especifican la fecha de finalización del plazo de modo determinado, sino que se limitan a establecer plazos contados en días o meses.

El cómputo del plazo se realiza de acuerdo con lo que disponen los artículos del 47 al 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto conviene tener en cuenta algunas recomendaciones básicas:

- El plazo se empieza a contar a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria. - Cuando los plazos se señalan por días se entiende que éstos son hábiles (con exclusión de domingos y festivos), salvo que expresamente se haga constar que son naturales. - En el caso de que el último día sea inhábil el plazo se prorroga hasta el siguiente día hábil. - En todo caso resulta muy conveniente consultar la fecha exacta en la que vence el plazo ante los servicios de información de la Administración convocante.

lunes, abril 09, 2007

EL EMPLEO PÚBLICO (VI)

6. Sistemas de selección

El personal al servicio de la Administración Pública debe ser seleccionado mediante procedimientos públicos que garantizan el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

Los procedimientos más habituales son:

a) Oposición. Consiste en la realización de una o más pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los aspirantes y fijar su orden en función de la puntuación obtenida.

b) Concurso. Tiene por objeto evaluar los méritos de los aspirantes al puesto según la baremación establecida, fijando, igualmente, su orden de puntuación.

c) Concurso-oposición. Es un sistema mixto en el que se combinan los dos anteriores.

El sistema de selección del personal varía según se trate de personal permanente o temporal. En la selección de personal para cubrir puestos de funcionario de carrera se utiliza, por regla general, la oposición o el concurso-oposición, y sólo excepcionalmente, el concurso. Para la selección de personal laboral permanente el sistema más habitual es el de concurso-oposición.

Actualmente en la Administración General del Estado, y generalmente en las administraciones
autonómicas, la selección de personal funcionario interino se efectúa mediante bolsas de trabajo con los aspirantes que, habiendo aprobado algún ejercicio de una oposición anterior, no hayan superado la totalidad del proceso selectivo. Para la contratación de personal laboral temporal las bolsas incluyen a los aspirantes que alcancen el nivel mínimo suficiente que se establezca en las convocatorias de selección del personal laboral permanente. Cuando no existe lista de espera o bolsa de trabajo, el procedimiento de selección se articula mediante convocatorias específicas por el sistema de concurso.